Desafíos y Resistencias en la Transición Energética Brasileña

La transición energética en Brasil se ha desarrollado en un escenario complejo, donde intereses económicos, sociales y ambientales se entrelazan en un contexto de urgencia climática y desafíos políticos. Recientemente, el Observatorio del Clima (Observatório do Clima – OC), que reúne a 161 organizaciones de la sociedad civil, presentó una propuesta estructurada para el plan de transición energética del país. Esta propuesta se divide en tres ejes principales: directrices de política energética y de transición sectorial; gobernanza e institucionalidad; y presupuesto, financiamiento y fundamentos económicos.

Desafíos y Resistencias en la Transición Energética Brasileña

El objetivo es contribuir al llamado “mapa de ruta” para poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles, una iniciativa presentada por el gobierno brasileño durante la COP30, con plazo de entrega hasta el 8 de febrero de 2026, según el Despacho Presidencial emitido en diciembre de 2025.

Sin embargo, esta transición enfrenta resistencias significativas. Instituciones como el Instituto Internacional ARAYARA, el Observatorio del Carbón Mineral, la Coalición No Fracking Brasil (COESUS), el Observatorio del Petróleo y Gas y la Institución Fe, Paz y Clima han adoptado una postura crítica frente a las directrices oficiales y al avance contradictorio de los combustibles fósiles en el país. Estas entidades denuncian la brecha entre el discurso gubernamental y la práctica efectiva, señalando la influencia del lobby de los combustibles fósiles, que debilitó la agenda ambiental en la COP30.

Brasil vive una contradicción social preocupante. Por un lado, existe una creciente indignación frente a las crisis ambientales y políticas que afectan al país y al planeta. Por otro, persiste un cierto conformismo social que favorece el mantenimiento del statu quo, beneficiando a gobiernos y sectores económicos que se resisten al cambio. Muchas personas, sobrecargadas por la cantidad de información y la complejidad de los temas, terminan repitiendo discursos superficiales sin un debate profundo, lo que contribuye a una sociedad pasiva y poco crítica.

En este escenario, el papel de las organizaciones que actúan contra la indiferencia y la apatía es fundamental. El Instituto Internacional ARAYARA, por ejemplo, se ha destacado por su actuación firme en defensa de los intereses colectivos y en la promoción de alternativas energéticas sostenibles. Durante la COP30, realizada en Belém do Pará, ARAYARA demostró su capacidad de interlocución directa con el gobierno, en un momento simbólico en el que el activista John Wurdig entregó documentos a la ministra Marina Silva, reforzando la importancia del diálogo entre la sociedad civil y el poder público.

La actuación de ARAYARA se desarrolla en múltiples frentes: la lucha contra el fracking, la denuncia de los impactos socioambientales de la explotación de carbón y petróleo, y la promoción de alternativas energéticas que respeten el medio ambiente y a las comunidades locales. Entre sus logros se destacan campañas que lograron frenar proyectos de fracking en estados brasileños y acciones judiciales que cuestionan licitaciones de bloques exploratorios en áreas ambientalmente sensibles.

Un ejemplo emblemático de la labor de ARAYARA es la movilización contra la expansión del carbón mineral en los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. La entidad no solo denuncia los impactos ambientales y sociales de esta expansión, sino que también propone alternativas de transición justa, que incluyen programas de reconversión económica para trabajadores y comunidades dependientes de la industria fósil. Este enfoque busca garantizar que la transición energética no deje atrás a quienes históricamente han dependido de estas actividades para su subsistencia.

Las organizaciones que integran este movimiento crítico también emitieron una declaración conjunta que destaca puntos esenciales para el debate público. Subrayan la discrepancia entre el discurso oficial y las acciones concretas, critican la falta de participación popular en la elaboración del plan de transición y denuncian el avance incoherente de los combustibles fósiles, con contratos vigentes hasta 2040 y nuevas subastas en regiones ambientalmente sensibles como la Amazonía, el Cerrado, la Caatinga y la Mata Atlántica.

Además, estas organizaciones cuestionan la llamada “transición justa” promovida por el gobierno, señalando que los subsidios al carbón mineral no garantizan empleos, sino que aseguran beneficios para las empresas mineras. El cierre de la mina Cruz de Malta en 2025, que resultó en el despido de 200 trabajadores, es citado como un ejemplo de la falacia de esta política.

Ante este panorama, las entidades exigen la suspensión inmediata de la contratación de nuevas centrales térmicas fósiles, la activación efectiva del Foro Nacional de Transición Energética (FONTE) y la redirección de los subsidios al carbón hacia planes de reconversión económica que beneficien a los trabajadores y a las comunidades afectadas.

Brasil enfrenta una emergencia climática sin precedentes, y la transición energética es uno de los caminos esenciales para mitigar los impactos ambientales y sociales de esta crisis.

Organizaciones como ARAYARA desempeñan un papel crucial al denunciar retrocesos, movilizar a la sociedad y proponer alternativas basadas en la ciencia y la justicia social.

Mientras muchos se limitan a consumir información superficial y a replicar desinformación, estas entidades se dedican a estudios, investigaciones y acciones concretas que buscan construir un futuro más sostenible y equitativo. La esperanza reside en la capacidad de superar la apatía y el conformismo, promoviendo un compromiso consciente y activo de la sociedad brasileña.

La ciencia y el conocimiento especializado deben ser la base de las decisiones políticas y sociales que moldearán el futuro del país. Solo con un compromiso colectivo e informado será posible avanzar hacia una transición energética justa, que respete el medio ambiente, promueva el desarrollo económico sostenible y garantice los derechos de las poblaciones más vulnerables.

Así, el desafío está planteado: transformar a Brasil en un ejemplo de compromiso ambiental y social, enfrentando las resistencias y construyendo un camino sólido hacia la sostenibilidad y la justicia climática.

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